A la hora de iniciar los trámites, se deberán aportar las inscripciones de matrimonio y nacimiento de los hijos habidos en el matrimonio, en su caso. Si es de mutuo acuerdo, se interpone demanda conjunta y en unos 3/4 meses en Sevilla estará listo sin necesidad de juicio. Si es contencioso, se presenta demanda y el demandado tiene 20 días hábiles para contestar.
Es importante realizar los trámites de divorcio siempre con letrados especializados en Derecho de Familia.
El divorcio puede ser de mutuo acuerdo o contencioso. En caso que no se haya contraído matrimonio, se pueden adoptar medidas respecto de los menores. Este trámite se articula a través de una regulación paterno filiar en la que se adoptan medidas respecto de los menores: guarda y custodia, uso del domicilio conyugal, pensión de alimentos, pensión compensatoria, liquidación y adjudicación de los bienes.
Actualmente, la ley establece como medida general la guardia y custodia compartida.
El presupuesto depende de muchos factores. Si es mutuo acuerdo o contencioso; si se liquidan los gananciales o no; si se discute la guardia y custodia o no; si se solicitan medidas cautelares o no. El coste varía en función de las intervenciones profesionales y el valor de los bienes a liquidar.
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En España, en caso de separación o divorcio, existen derechos y regulaciones establecidas por la legislación familiar. Es importante destacar que cada situación puede ser única y es recomendable buscar asesoramiento legal de un abogado especializado en derecho de familia para obtener información precisa y personalizada.
En general los derechos comunes en una separación o divorcio en España:
División de bienes y propiedades: En caso de divorcio se puede hacer la liquidación del régimen económico matrimonial, no en el caso de la separación. En España, existen diferentes regímenes económicos matrimoniales, el de separación de bienes o la sociedad de gananciales. La división de los bienes y propiedades dependerá del régimen elegido y de otros factores, y puede requerir la asistencia de un abogado o notario.
Custodia de los hijos: Si hay hijos menores de edad involucrados, los Tribunales especializados en Derecho de Familia y la Fiscalía de Familia e infancia valoran y ponderan las circunstancias bajo un principio general, el interés superior del menor como centro de la toma de decisiones sobre la custodia o medidas a adoptar para la protección e interés de esos menores. En España, la Lay es proclive a la custodia compartida siempre que sea beneficioso para el interés superior y bienestar de los niños menores. En caso de desacuerdo, los tribunales pueden determinar la custodia y el régimen de visitas, bajo la supervisión del equipo técnico psicosocial adscrito a los Juzgados de Familia. Si bien es cierto que los informes de los equipos técnicos no son preceptivos, ni vinculantes, tienen un peso muy importante a la hora de la celebración de la vista oral. Dichos informes se redactan en un ambiente favorable a los menores y por facultativos y especialistas en Familia e Infancia, como psicólogos, educadores y trabajadores sociales con amplia experiencia.
Pensión de alimentos: Resulta de la necesidad de ponderar y valorar la existencia de un desequilibrio económico vinculado y con nexo causal el divorcio. En situaciones en las que uno de los cónyuges tiene una mayor capacidad económica, el tribunal puede establecer una pensión compensatoria a favor del cónyuge con menos recursos o, una de alimentos a favor de los menores. La pensión de alimentos tiene como objetivo garantizar el sustento económico necesario para cubrir las necesidades básicas y evitar que la ruptura matrimonial afecte en la economía de los menores.
Uso de la vivienda familiar: En caso la custodia de los menores se acuerde a favor de alguno de los cónyuges en exclusiva, ello puede conllevar se conceda el uso de la vivienda conyugal a quien ostente la custodia en exclusiva, la custodia monoparental. Puede darse la particularidad que incluso que no siendo propietario se le pueda conceder ese derecho de uso por ser una parte con especial necesidad de protección.
En España, en caso de divorcio, la pensión a la que podrías tener derecho como ama de casa dependerá de varios factores, como la duración del matrimonio, los ingresos y recursos económicos de ambos cónyuges, la capacidad de trabajo y otras circunstancias específicas del caso.
En caso se cumplan una serie de requisitos, la pensión a la que podrías tener derecho es la compensatoria. Esta pensión tiene como objetivo evitar que uno de los cónyuges sufra un desequilibrio económico a consecuencia del divorcio. Su objetivo de la pensión compensatoria es ayudar precisamente a paliar ese desequilibrio y garantizar un nivel de vida similar al que se tenía durante el matrimonio.
Al determinar la pensión compensatoria, el tribunal evaluará diferentes factores, como:
Es importante tener en cuenta que cada caso es único y que la decisión final sobre la pensión compensatoria se tomará por parte del tribunal, teniendo en cuenta todas las circunstancias específicas del caso. Por lo tanto, es recomendable buscar asesoramiento legal de un abogado especializado en derecho de familia para obtener información y orientación personalizada en tu situación particular.
Los costos del divorcio generalmente son asumidos por ambas partes, es decir, cada cónyuge es responsable de pagar sus propios honorarios legales y otros gastos relacionados con el proceso de divorcio. Esto incluye honorarios de abogados, gastos de notaría y posibles costos adicionales, como tasas judiciales.
Sin embargo, en ciertas circunstancias, el tribunal puede ordenar que una de las partes asuma los gastos del otro cónyuge, especialmente si existe una disparidad significativa en los ingresos y recursos económicos entre ambos.
Es importante tener en cuenta que los acuerdos sobre los costos del divorcio se pueden negociar entre las partes antes o durante el proceso de divorcio. En muchos casos, las parejas pueden llegar a un acuerdo sobre cómo compartir los gastos de manera equitativa.
Si las partes no pueden llegar a un acuerdo y se necesita la intervención del tribunal para resolver la cuestión de los costos del divorcio, será el tribunal quien tome la decisión final en base a las circunstancias específicas del caso.
La manutención de un hijo se establece de acuerdo con la Ley de Enjuiciamiento Civil y se basa en los principios de proporcionar el sustento necesario para el bienestar del menor y asegurar que ambos progenitores asuman su responsabilidad económica.
La cantidad específica de la manutención de un hijo puede variar según diferentes factores, como los ingresos y recursos económicos de los padres, las necesidades del hijo y el tiempo de custodia que cada progenitor tiene sobre el menor.
En la legislación española, se utiliza como referencia el «Índice de Referencia de Precios de Consumo» (IPC) para ajustar y actualizar las cantidades establecidas en los convenios o sentencias. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los tribunales tienen cierta discrecionalidad para determinar la cantidad exacta de la pensión de alimentos en función de las circunstancias individuales de cada caso.
En general, se recomienda que los padres lleguen a un acuerdo amistoso sobre la manutención del hijo y, en caso de desacuerdo, se puede acudir a los tribunales para que determinen la cantidad adecuada. En este proceso, los tribunales tendrán en cuenta los ingresos y gastos de ambos padres, así como las necesidades específicas del hijo, como alimentación, vestimenta, vivienda, educación y atención médica, los denominados gastos extraordinarios de los menores en el divorcio.
La decisión sobre quién se queda con el domicilio familia o conyugal dependerá de varios factores, incluyendo:
Régimen económico matrimonial: En España, existen diferentes regímenes económicos matrimoniales, como el régimen de separación de bienes y el régimen de gananciales. En el régimen de separación de bienes, cada cónyuge conserva la propiedad de los bienes que adquirió antes y durante el matrimonio, a menos que se haya establecido lo contrario en un acuerdo prenupcial. En el régimen de gananciales, los bienes adquiridos durante el matrimonio se consideran propiedad común. Dependiendo del régimen aplicable, la casa puede ser asignada a uno de los cónyuges o puede ser objeto de liquidación y división entre ambos.
Intereses de los hijos: En caso de que haya hijos menores de edad involucrados, el interés superior de los niños es un factor clave. El tribunal buscará proteger la estabilidad y el bienestar de los hijos, lo que puede influir en la decisión sobre quién se queda con la casa conyugal. En algunas situaciones, el cónyuge con la custodia principal de los hijos puede tener una mayor probabilidad de obtener el uso y disfrute de la vivienda.
Capacidad económica y necesidades de cada cónyuge: El tribunal también considerará la capacidad económica de cada cónyuge y sus necesidades de vivienda. Esto incluye evaluar los ingresos, la capacidad para mantener la vivienda y las posibilidades de obtener una vivienda alternativa.